Conocer a los ciudadanos más allá del estrato de su vivienda, uno de los retos urbanos nacionales

Este espacio fue organizado por ONU Habitat y las universidades EAFIT, Nacional y del Rosario. En los foros participaron representantes de la Alcaldía de Medellín y de entidades bogotanas. 

En Colombia el 95 por ciento de los ciudadanos, en promedio, tiene acceso a servicios públicos domiciliarios, un recurso que cuenta también con la posibilidad de alivianarse económicamente con subsidios que, en ocasiones, son asignados a quienes no cumplen con las condiciones para recibirlos. Todo esto se hace a través de un esquema de estratificación vigente en el país, un mecanismo que, para expertos como Gerardo Ardila Calderón, director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, es una desventaja desde lo económico y desde la equidad, al centrar una distribución inadecuada. 

Estas acciones, de acuerdo con el docente, se han ido transformando en una aplicación sobre áreas que centran la distribución de recursos como si fueran espacios homogéneos, sin tener en cuenta algunas particularidades sociales. 

Y para responder a la inquietud sobre cómo optimizar la asignación de subsidios en las ciudades, diferentes expertos dialogaron en el sexto Foro Urbano Nacional de ONU Habitat, que se realizó el 21 de agosto, desde las 8:30 a.m., en el auditorio 19-501 y que discutió las alternativas para mejorar el acceso a los servicios públicos. 

La actividad, de la que hicieron parte representantes de la Alcaldía de Medellín y de entidades e instituciones bogotanas como panelistas, fue facilitada por las universidades EAFIT, Nacional y del Rosario, con el fin de analizar y debatir oportunidades y desafíos de las opciones para lograr este cometido en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. 

“Desde Peak Urban trabajamos en asocio con más de 40 posdoctores y otros profesores vinculados con las universidades aliadas en todo el mundo (India, África y China), que representan una gran variedad de áreas del conocimiento para hacer unos trabajos multidisciplinares. Durante cuatros años hacemos investigación para encontrar soluciones innovadoras para estos países. Ahora, en Colombia, miramos de manera específica el problema de estratificación y servicios públicos, aunque son múltiples los temas que abordamos”, señaló Juan Carlos Duque Cardona, director del Research in Spatial Economics (Rise) de EAFIT. 

Uno de los principales retos que se plantearon durante el desarrollo de la jornada fue el de hacer una buena clasificación desde el enfoque familiar y no de la vivienda como espacio físico, pues desde allí se establecen una serie de diferencias que son necesarias para tener en cuenta. 

“Al hacerlo, nos planteamos la pregunta correcta sobre cómo clasificar familias, teniendo en cuenta la particularidad de cada integrante, y para eso las alternativas son variadas: una es usar a fondo todo el esfuerzo para recoger los datos administrativos necesarios, unirlos y conocer lo máximo que sea posible de los hogares; o usar variables indirectas como el catastro, el ingreso económico de cada integrante y otros aspectos”, explicó Leonardo Morales, investigador de la Subgerencia Regional de Estudios Económicos del Banco de la República. 

Este experto agregó que uno de los mecanismos que tiene el país en la actualidad para este fin es el Sisbén, pues es una manera de caracterizar individuos por capacidad de pago o condiciones socio económicas y los errores son menos sensibles comparados con el método con el que opera la estratificación. “Para esto se requiere información del censo de los posibles receptores de un subsidio porque las encuestas son muy limitadas. Se requiere información del hogar y de todas las personas que podrían recibirlo. En ese caso, esos datos a los que se accede son dinámicos y actualizados” añadió. 

A esa idea se sumó también Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, al añadir que se debe tener información sostenida en el tiempo para saber cómo se mueve la parte social y económica de las familias, identificar qué pasa dentro de cada una de las viviendas, cuál es la capacidad adquisitiva, cuánto ganan y cuánto gastan, y así no se tendría solo una información desde la fachada que es lo que existe en la actualidad. 

A su vez, el profesor Ardila sustentó que los subsidios deben ser menos necesarios, deben llegar a las personas de manera provisional y no de forma permanente, y configurarse como complementos a las políticas públicas. “Debemos proponer al Estado una política rigurosa y radical desde los mecanismos que cambien esa estructura y permitirnos acercarnos a la concepción de una declaración de renta como un instrumento fundamental y no punitivo para hacer política pública que nos permita tener un acceso mayor al que obtenemos de las encuestas”, opinó. 

En el caso de Medellín, Ana Catalina Ochoa Yepes, directora del Departamento Administrativo de Planeación del municipio, destacó que la ciudad cuenta con 147 beneficios para la ciudadanía, que suman 740 mil millones de pesos en becas, mínimo vital, acceso a servicios públicos y salud, entre otros. “Tenemos además un solo prestador de servicios públicos con una cobertura aproximada del 98 por ciento, lo que nos facilita obtener la información. El reto que tendrá la nueva administración será entonces correlacionar esas variables en un solo sistema de información y comenzar a analizar todas las posibilidades”, dijo. 

Por su parte, Juan Manuel refierió que Medellín cuenta con información georreferenciada que le permitirá, en conjunto con el Dane, buscar una mejor forma para hacer la estratificación y reducir las inequidades que se generan cuando ciudadanos, a quienes no les corresponden estos subsidios, acceden a estos. 

En la jornada también se presentaron algunos de los resultados más importantes de ejercicios de investigación en Bogotá, a través de la conferencia Alternativa de optimización de la asignación de subsidios basados en catastro, a cargo de Juan Miguel Gallego, investigador de la Universidad del Rosario; así como Algunas alternativas para optimizar la asignación de subsidios basada en means testing, presentado por Roberto Lippi, coordinador de ONU Habitat para los Países Andinos. 

“En conclusión tenemos muchos retos relacionados con la información porque no hay ningún registro que sea universal y es necesario avanzar a través de estos documentos administrativos con temporalidad anual y no por encuestas. Siento que, si bien tenemos mucho camino por recorrer, en los últimos cinco años ha habido un cambio significativo y que se han creado lazos con instituciones educativas y gubernamentales. El paso a seguir, considero, es aprovechar el clima propicio que hay en la actualidad para comenzar a trabajar en un modelo que luego podamos pilotear en más regiones del país”, mencionó Roberto. 

De esta manera, el foro no solo fue un espacio de análisis, sino también un escenario para aunar esfuerzos y abrirse puertas para trabajo conjunto que permitirá entregarle elementos a los hacedores de las políticas públicas para tomar decisiones orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de manera especial, a los que tienen que ver con ciudades y reducción de desigualdad.