• El acuerdo, que se firmó el miércoles 26 de junio, es entre la Institución y el Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, que eligió a EAFIT luego de un proceso que tuvo en cuenta aspectos como la experiencia, interés e investigaciones destacadas en el tema.
• La Universidad lleva alrededor de cuatro años investigando las economías criminales desde sus áreas de Ciencias y Humanidades, y Economía y Finanzas, que serán las líderes del proyecto que buscará promover la investigación sobre estos temas con miras a neutralizar sus efectos.
EAFIT y la Federación Nacional de Departamentos (FND) sellaron, el miércoles 26 de junio en la Universidad, un acuerdo para la lucha anticontrabando desde la academia.
El convenio busca promover la investigación sobre temas como contrabando y adulteración de licores, de manera que al aumentar la comprensión del fenómeno se puedan crear políticas públicas y acciones para contrarrestar sus efectos en la estructura económica de los departamentos.
Al acto asistieron Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia; Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT; y Felipe Muñoz Gómez, director del Programa Anticontrabando de la FND.
El convenio hace parte del Programa Anticontrabando que se implementó hace varios años en esta agremiación, como una estrategia para atacar el problema desde diferentes ámbitos.
Tras una selección minuciosa que tuvo en cuenta aspectos como la experiencia e interés, así como la existencia de centros de estudio e investigadores destacados en estos temas, el programa eligió a EAFIT como una aliada para continuar su labor.
La Universidad lleva alrededor de cuatro años investigando las economías criminales desde áreas como Ciencias y Humanidades, y Economía y Finanzas. Sus escuelas serán las líderes del proyecto.
Para Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT, se trata de una oportunidad de continuar con esta línea de investigación, en la que es posible hacer un aporte a uno de los problemas más grandes que tiene la estructura social colombiana.
“El impacto de temas como el contrabando y la adulteración de licores superan lo fiscal y se insertan en diferentes aspectos económicos de la sociedad como el empleo y todo lo que esto implica. Por eso, sorprende que la academia no se haya interesado de manera más amplia en estos”, aseguró.
Serán cuatro líneas de enfoque: fomentar la investigación sobre economías criminales, desarrollar un estudio cuantitativo y cualitativo del fenómeno en el país, y realizar la promoción de políticas públicas.
Una alianza estratégica
Se trata de una alianza estratégica, pues mientras que la Universidad aporta el conocimiento académico y hace sugerencias a las instituciones competentes, como la federación, las administraciones departamentales y el Gobierno nacional, estas realizan acciones para frenar este fenómeno y adquieren argumentos sólidos para realizar una labor más eficiente.
La razón de la existencia de este flagelo es otro asunto aún más complejo, en el que es necesario profundizar, pues como lo indicó Felipe Muñoz, hace parte de organizaciones criminales organizadas y con poder, que superan al simple traficante.
“No se trata de un tema romántico de unas comunidades que hacen su propio comercio o conservan el trueque. Esto va más allá y hace parte de organizaciones dedicadas al delito”, dijo el funcionario durante su intervención.
Lo que el departamento pierde cada año por concepto de contrabando y evasión de impuestos correspondientes a licores, cigarrillos y productos similares es de, por lo menos, 300.000 millones de pesos.
Así lo aseguró Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, durante la firma del convenio, como una manera de demostrar que el desvío de estos recursos puede afectar de manera significativa la inversión en proyectos de tipo social.
Además, resaltó la importancia de que se haya elegido una universidad antioqueña para esta tarea, teniendo en cuenta que este es uno de los departamentos más afectados con la problemática. “Creo que acá confluye todo: tenemos el mayor problema, pero también la mejor voluntad para tratar de contrarrestarlo”, agregó el gobernante.
El acuerdo tiene como antecedente la importancia que este tema ha ido tomando entre las agendas de trabajo de los gobernadores del país, pues se estima que cada año los departamentos pierden alrededor de un billón de pesos por este tipo de prácticas, que podrían traducirse en más empleo, más inversión en salud, educación y bienestar.